El Estado colombiano ha practicado desde siempre un Terrorismo de Estado que victimiza al pueblo, su propio pueblo. Son casi 100 mil colombianos asesinados por ese engendro que permite a una oligarquía parásita usufructuar el poder.
Son de ingrata recordación los miles de masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos (ver el libro ‘El Plan Colombia y el Conflicto Interno Colombiano’ para ver el baño de sangre a que ha sido sometido el pueblo colombiano).
Todos estos asesinatos realizados por el aparato de represión del régimen, las fuerzas armadas estatales y su engendro criminal, los narco-paramilitares. Que responde a los intereses de oligarcas, terratenientes, financistas y mafia narcotraficante, a través de un Estado manejado por una Clase Política corrupta y asesina. No es como dice el Fiscal de Colombia de que ‘la clase política reclutó a los narco-paramilitares’. No, la ‘clase política’ cooptó las estructuras de las bandas de narcotraficantes y paramilitares, las puso a su servicio para ejercer el poder y enriquecerse.
Las denuncias de los capos narco-paramilitares –en los remedos de ‘justicia’ de la ley de ‘Justicia y Paz’- prueba lo que el pueblo ya sabía. Los políticos colombianos, quienes manejan el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y los militares, son quienes también manejaban –y manejan- a los narco-paramilitares para mediante la violencia oligárquica aposentarse en el poder.
Pruebas hay de sobra. Una de ellas la pretensión del primo del ministro de defensa, J.M. Santos, de manejar un bloque narco-paramilitar en Bogotá, el Bloque Capital, quien hoy se atraviesa nuevamente como vaca muerta en la vía del Intercambio y la Paz. Ahí están presos algunos –que no sabemos si llegará hasta sus últimas consecuencias o será otro manto de impunidad-, 21 congresistas para ser exactos y 53 encartados por la Corte y la Fiscalía como prueba fehaciente de una ‘clase política’ que siempre ha recurrido al asesinato para mantenerse en el poder y apoderarse de las tierras de las víctimas, en forma acumulación capitalista. Pero también para captar los inmensos recursos de una actividad asesina como el narcotráfico.
Hoy el descuadernamiento del país es más manifiesto en la ‘clase política’. Un presidente de inocultables relaciones mafiosas y paramilitares. Vicepresidente y ministros de igual condición. Un Congreso de la República resquebrajado como nunca antes su credibilidad por cuenta de lo que llaman los ‘escándalos de la narco-para-política uribista’, y si algo los salva sería el trabajo denodado de la senadora Piedad Córdoba en pro del Intercambio Humanitario y la Paz. Un poder judicial que no deja de estremecerse con las denuncias de sus relaciones non sanctas con miembros de la mafia del narcotráfico. Unos militares y policías que se dan plomo entre ellos por proteger a capos del narcotráfico, amén de que torturan y abusan a sus pobres soldaditos.
Así son las cosas en Colombia. Por eso hoy decimos que hasta tanto el Estado deje de asesinar colombianos, de ejercer el Terrorismo de Estado, desde ese día el pueblo dejará de desarrollar las formas armadas de resistencia, y aplicarles la fuerza del pueblo. Porque esas formas de resistencia armada son la única garantía de preservar la vida, de defenderla de los asesinos estatales. Porque los muertos del pueblo son muertos de verdad, reales, dolorosamente reales. Y porque hay también miles de colombianos ‘muertos en vida en el exilio’, que es otra forma de asesinarlos.
Pero por lo visto los personeros del régimen, los Uribes, Santos, Vargas Lleras, Pardo-Ruedas, José-obdulios, Londoños, etc, etc, están muy cómodos asesinando o mandando a sus esbirros a asesinar hijos del pueblo. Durante los primeros cuatro años de Uribe Vélez han sido asesinados 11.282 colombianos ‘fuera de combate’. Lo más doloroso es que usan para ello a parte del pueblo por el mecanismo del ‘servicio militar obligatorio’, un reclutamiento forzoso para que le sirvan a un estado que asesina sus propios padres, a sus propios hijos.
Por ello los vemos lanzando sus diatribas envenenadas contra los deseos de la población colombiana de alcanzar el Intercambio Humanitario, paso previo e imprescindible para alcanzar la Paz en Colombia.
Estamos seguros que el Estado sólo dejará de asesinar a su propio pueblo cuando construya un Nuevo Estado, una Nueva Colombia, en paz, con justicia social, libertad, independencia y soberanía nacional. Entonces y solo entonces, ‘nuestros muertos de ayer y de ahora encontrarán paz en sus tumbas’ porque se aplicará justicia, la verdadera justicia, la justicia popular.
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